Descripción

Trece kilómetros al sureste de Calama, en el camino a San Pedro de Atacama, se ubica este memorial en homenaje a las 26 personas asesinadas por la Caravana de la Muerte en su paso por esta ciudad. Consiste en una estructura de concreto sobre la cual se erigen 26 pilares del mismo material, unidos por una semicircunferencia de madera, frente a una gran cruz de fierro. Fue inaugurado el 19 de octubre de 2004 por las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos de Calama, a 31 años de los crímenes. La Caravana de la Muerte es el nombre con que se conocen los asesinatos de 97 prisioneros políticos, en 16 ciudades de Chile. Comandada por el general Sergio Arellano Stark, esta comitiva salió de Santiago en un helicóptero Puma, con la orden directa de "acelerar los procesos" contra los presos políticos. En su paso por la ciudad de Calama trasladaron hacia el desierto a 26 personas que ya habían sido sentenciadas por un consejo de guerra, ninguna de ellas condenada a muerte. Sin embargo, en un improvisado paredón, a un costado de la carretera que une Calama con San Pedro de Atacama, fueron fusilados en cuatro grupos. El ejército no reconoció los crímenes, a pesar de que expendió los certificados de muerte a sus familiares. Jamás les entregaron los cuerpos. Recién en 1990, debido a la búsqueda incesante que los familiares habían comenzado por el desierto, hallaron restos humanos correspondientes a los fusilados por la Caravana de la Muerte.

El golpe de Estado de 1973 inauguró un período sin antecedentes en nuestro país. Habida cuenta de la organización popular en el seno de los partidos tradicionales de izquierda, al momento de derrocar al gobierno de la Unidad Popular, los militares de las tres ramas castrenses más las fuerzas de orden desataron una represión sistemática sobre estos sectores, caracterizada por la prisión política, la tortura, las ejecuciones y la desaparición de los cuerpos; todo esto en el marco de la doctrina de seguridad nacional con que la CIA educó a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos durante los años '60, '70 y '80. Según los informes Rettig (1990) y Valech (2003 y 2010), entre los años 1973 y 1990 los agentes del Estado chileno asesinaron o hicieron desaparecer a más de 3 mil personas, y sometieron a prisión política y torturas a 40 mil. Si bien estas acciones fueron producto de una doctrina sistemática de las fuerzas armadas, hubo dos organismos legales encargados de la represión: la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que operó entre 1973 y 1977, y la Central Nacional de Informaciones (CNI), vigente entre 1977 y 1990.