Ministerios de Educación de América Latina y el Caribe se comprometen a aumentar los esfuerzos para reactivar, recuperar y transformar los sistemas educativos

Las autoridades, reunidas en Chile en la Ministerial de Educación Santiago 2024 a fines de enero, acordaron trabajar para recuperar lo perdido durante la pandemia y transformar los sistemas educativos. Subrayaron la importancia de un financiamiento sostenible, políticas innovadoras y estrategias inclusivas y resilientes para pasar del compromiso a la acción.

21 de febrero de 2024

En una convergencia de visiones, ministras, ministros y altas autoridades educativas de América Latina y el Caribe acordaron la Declaración de Santiago 2024. El documento reafirma el compromiso de los Estados con los acuerdos previos en instancias ministeriales, renueva el compromiso con el derecho a la educación y las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4) y marca el rumbo para políticas regionales educativas con ejes prioritarios en la reactivación, recuperación y transformación.

El texto fue oficializado tras la Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros de Educación América Latina y el Caribe "Del compromiso a la acción" (Santiago, 25 y 26 de enero de 2024), un encuentro que reunió en la sede de la CEPAL a autoridades de educación y finanzas de 30 países con el fin de acelerar el logro de las metas del ODS4 y la Agenda 2030. La cita ocurrió a 60 años de la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina, coincidiendo ambos eventos en temas como la influencia de la educación en el desarrollo y el planteamiento de nuevos retos de política pública y de trabajo colaborativo.

La Declaración de Santiago 2024 hace eco de las declaraciones anteriores, destacando que la educación es un derecho humano fundamental y que su ejercicio contribuye a asegurar otros derechos, reducir desigualdades y fortalecer a las comunidades. Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional Multisectorial de la UNESCO en Santiago, enfatizó: "Este encuentro marca un nuevo hito en nuestra historia de cooperación regional en materia de educación y trae un compromiso renovado hacia la acción colectiva a favor de la recuperación, la reactivación y la transformación educativa, sin perder el norte, que es el derecho a la educación".

El texto subraya el compromiso de trabajar para asegurar la sostenibilidad financiera de las políticas educativas como un elemento catalizador para avanzar hacia las metas del ODS4, y para establecer políticas innovadoras que enfrenten tanto los efectos de la pandemia que exacerbaron las desigualdades educativas y restringieron el acceso a la educación, principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como los desafíos que estaban antes de ella. En particular, la declaración llama a fortalecer la respuesta a emergencias y crisis prolongadas y a prestar atención a la asistencia y revinculación de quienes se han quedado fuera o han abandonado prematuramente el sistema educativo.

El ministro de Educación de Chile, Nicolás Cataldo, puntualizó: "Pasar del compromiso a la acción fue el lema que se impulsó durante la Ministerial. Entonces, materializar las definiciones en términos de políticas públicas vinculadas a la materia educativa, requiere de los esfuerzos conjuntos de nuestros países respecto a cómo se van a financiar estas políticas para lograr avanzar en las estrategias innovadoras que necesitamos para cumplir estos objetivos".

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se enfocó en los aprendizajes e innovaciones de los sistemas educativos de la región durante la crisis pandémica: "Como lo planteamos en el reporte anual de la CEPAL Panorama Social de América Latina y el Caribe de 2022, la experiencia de interrupción de clases presenciales y la crisis silenciosa generada en estos años también abren una oportunidad para transformar los sistemas educativos", dijo.

La reunión no solo orientó sus discusiones en un foro central, el evento tuvo espacios de innovación como un encuentro con los jóvenes, con la sociedad civil y los docentes; una exhibición sobre las experiencias de los países en recuperación y transformación; y diversos eventos paralelos y otros preparatorios.

Prioridades para avanzar

Entre otros temas y acuerdos, ministras, ministros y otras autoridades reafirmaron en la Declaración la importancia de abordar las brechas en el acceso y calidad de la educación y subrayaron el papel fundamental del personal docente. Enfatizaron que se debe priorizar la formación y el desarrollo profesional de las y los educadores y adoptar enfoques pedagógicos basados en evidencia.

El texto resalta también la centralidad del fomento de competencias socioemocionales y ciudadanas en las y los estudiantes, para enfrentar el futuro con seguridad y confianza. Para ello, indican, se deben asegurar entornos escolares saludables, seguros y libres de violencia, donde se promueva una cultura educativa que valore y se construya sobre la diversidad.

Los países firmantes reconocen que los retos educativos requieren un enfoque integral que incluya la transformación digital, el desarrollo de habilidades digitales y la educación para el desarrollo sostenible. Las autoridades reiteraron el compromiso de asegurar el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad a través de acciones colectivas, innovadoras e intergubernamentales, como el Marco Regional de Monitoreo de Estudiantes en Situación de Desplazamiento creado por la UNESCO y el Grupo Regional de Educación.

La Declaración de Santiago 2024 hace hincapié en que la evaluación y el monitoreo son fundamentales para garantizar la calidad y eficacia de los sistemas educativos en la región. Subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos nacionales y regionales de evaluación y monitoreo de la Agenda de Educación 2030, así como la producción de datos e información, con especial atención en los datos desagregados que visibilicen la situación educativa de toda la población.

El acuerdo insta a analizar opciones para establecer la "Conferencia de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe" como instancia de carácter intergubernamental que fortalezca la cooperación entre países en el marco de prioridades y agendas regionales. Asimismo, hace un llamado a los organismos internacionales y bancos multilaterales a apoyar la consolidación de la agenda educativa regional, ayudando en líneas de trabajo priorizadas por los países y facilitando su financiamiento.

La Declaración concluye con un enfoque proactivo, estableciendo un grupo de trabajo que desarrollará un Marco de Referencia Regional sobre políticas públicas educacionales de reactivación, recuperación y transformación educativa. Quienes firman este compromiso solicitan que este grupo tenga el apoyo técnico de la UNESCO y de las entidades coorganizadoras y colaboradoras del evento, para materializar los compromisos adquiridos y profundizar el diálogo sobre el financiamiento educativo.

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